Tras un prolongado período de congelamiento salarial, el presidente Javier Milei firmará este martes el decreto que oficializa una recomposición en los haberes de la alta jerarquía del Poder Ejecutivo Nacional. La medida, que se publicará en el Boletín Oficial el viernes 2 de enero de 2026, alcanza al propio mandatario, la vicepresidenta, ministros, secretarios y sub secretarios. Con este ajuste, la Casa Rosada busca normalizar el esquema salarial de sus funcionarios tras casi dos años sin actualizaciones directas.

En el entorno del jefe de Estado reconocen que el incremento contempla todo el ciclo previo sin aumentos, aunque aclaran que la recomposición no superará los porcentajes otorgados a los empleados estatales en el marco de las paritarias vigentes. Actualmente, los equipos de la secretaría de Legal y Técnica, María Ibarzabal, ultiman los detalles técnicos del documento para asegurar que el ajuste guarde estricta relación con la escala salarial del Sistema Nacional de Empleo Público (Sinep).

Desde Balcarce 50 justifican la decisión aludiendo a una pérdida del poder adquisitivo del sector jerárquico cercano al 60% desde el inicio de la gestión. Los datos oficiales respaldan esta preocupación técnica: la inflación acumulada en 2024 fue del 117,8%, mientras que en los primeros meses de 2025 se sumó un 27,9% adicional.

Disparidad

Hasta la fecha, el esquema de sueldos brutos muestra una disparidad notable frente a otros poderes del Estado. Mientras el Presidente percibe cuatro millones de pesos mensuales y un ministro $3,58 millones, las dietas en el Poder Legislativo se despegaron significativamente: un diputado nacional cobra $7 millones y un senador $9,5 millones.

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La paritaria de la administración pública central (UPCN) sirvió como parámetro para el nuevo esquema. Durante 2024, los estatales recibieron subas escalonadas de entre el 1% y el 3,5% mensual, mientras que en 2025 los ajustes oscilaron entre el 1,1% y el 1,3% hasta noviembre. Al enganchar los sueldos jerárquicos a estos incrementos, el Gobierno pretende evitar un “esquema diferencial” que genere ruido político.